Author: Jorge Paumard

El mundo contra España por las primas a las renovables

España acumula alrededor de treinta demandas de arbitraje promovidas por inversores extranjeros debido a los cambios legislativos llevados a cabo en el sector eléctrico, que eliminaban o reducían las primas o tarifas a percibir por la venta de la energía de régimen especial producida (energías renovables). A mediados del presente año dos de estos procesos han sido resueltos por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo de manera favorable a España.

¿Qué es el arbitraje internacional de inversiones? ¿Con qué legitimidad cuenta un tribunal arbitral extranjero para imponer multas millonarias al estado español? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de este tipo de demandas o con arreglo a qué ordenamiento jurídico se resuelve la disputa?

En este post reflexionaremos sobre estas cuestiones al hilo de uno de los laudos ya emitidos a favor de España…

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Distinción entre representación orgánica, delegación de facultades y apoderamiento

La institución jurídica de la representación, que tiene su origen en el derecho civil, conoce en nuestro ordenamiento dos variantes: la representación legal, también llamada necesaria, y la representación voluntaria. Podemos definir la primera como la facultad conferida por la ley de actuar y decidir en interés o en nombre y por cuenta de otro, y la segunda como la facultad conferida a través de un negocio jurídico de actuar y decidir en interés o en nombre y por cuenta de otro. La clave de su diferenciación radica por tanto en el origen de la facultad de representar. El negocio jurídico que da origen a la representación voluntaria es el llamado apoderamiento. La regulación de la representación puede hallarse, aunque de forma algo dispersa y desordenada, en los articulados del Código Civil y, en relación con los comerciantes, del Código de Comercio.

Por su lado, la noción de representación orgánica es propia de la regulación societaria y es descartada por jurisprudencia y doctrina como un tipo de representación en el sentido civil del término. Veamos por qué y qué consecuencias prácticas tiene esta distinción en el seno social…

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La confusa interpretación del artículo 31 bis del Código Penal

La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 trajo consigo la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cinco años después, la Ley Orgánica 1/2015 intentó aclarar y mejorar dicho sistema habida cuenta de la multitud de críticas que la primera versión había recibido.

Sin embargo, el nuevo sistema plasmado en el Código Penal ha continuado generando controversia, principalmente en torno al sistema de imputación de la responsabilidad penal sobre la persona jurídica y a la naturaleza de los modelos de prevención de delitos (o modelos de organización y gestión, como los denomina el artículo 31 bis del Código Penal). El Tribunal Supremo, en sus primeras sentencias en torno a esta materia, lejos de aclarar las dudas, ha venido a introducir confusión sobre esos dos precisos aspectos.

Analicemos la interpretación del Tribunal y las incertidumbres que genera…

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Nuevo Reglamento general de protección de datos (II)

Continuamos analizando las principales novedades introducidas en el ámbito de la protección de datos por el nuevo Reglamento general de protección de datos.

Tras un primer post en el que hablamos principalmente de las novedades relacionadas con la definición de consentimiento, la ampliación de la obligación de información a los interesados y de los nuevos derechos que les asisten, en este segundo trataremos por ejemplo las novedades introducidas respecto de las obligaciones de carácter técnico u organizativo impuestas a responsables o encargados de tratamiento, o del régimen de las transferencias internacionales…

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Nuevo Reglamento general de protección de datos (I)

Tras varios años de trabajo, el pasado 4 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento general de protección de datos, que constituirá, a partir del 25 de mayo de 2018 (fecha de aplicación prevista por el propio Reglamento), la normativa básica de referencia en el ámbito europeo en materia de protección de datos, en sustitución de la Directiva 95/46/EC.

Recogeremos y explicaremos en este primer post algunas de las novedades que trae consigo la citada norma, principalmente las relacionadas con la definición de consentimiento, la ampliación de la obligación de información a los interesados y de los nuevos derechos que les asisten, y dejaremos otras, como las relacionadas con las medidas técnicas u organizativas y con las transferencias internacionales, para un segundo y próximo post…

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