España acumula alrededor de treinta demandas de arbitraje promovidas por inversores extranjeros debido a los cambios legislativos llevados a cabo en el sector eléctrico, que eliminaban o reducían las primas o tarifas a percibir por la venta de la energía de régimen especial producida (energías renovables). A mediados del presente año dos de estos procesos han sido resueltos por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo de manera favorable a España.

¿Qué es el arbitraje internacional de inversiones? ¿Con qué legitimidad cuenta un tribunal arbitral extranjero para imponer multas millonarias al estado español? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de este tipo de demandas o con arreglo a qué ordenamiento jurídico se resuelve la disputa?

En este post reflexionaremos sobre estas cuestiones al hilo de uno de los laudos ya emitidos a favor de España…

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