La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 trajo consigo la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cinco años después, la Ley Orgánica 1/2015 intentó aclarar y mejorar dicho sistema habida cuenta de la multitud de críticas que la primera versión había recibido.

Sin embargo, el nuevo sistema plasmado en el Código Penal ha continuado generando controversia, principalmente en torno al sistema de imputación de la responsabilidad penal sobre la persona jurídica y a la naturaleza de los modelos de prevención de delitos (o modelos de organización y gestión, como los denomina el artículo 31 bis del Código Penal). El Tribunal Supremo, en sus primeras sentencias en torno a esta materia, lejos de aclarar las dudas, ha venido a introducir confusión sobre esos dos precisos aspectos.

Analicemos la interpretación del Tribunal y las incertidumbres que genera…

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